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Por la regulación inmobiliaria
El documento fundante del FIN denuncia que “en un marco donde el mercado regula el acceso a la tierra y a la vivienda, ser inquilino no es una opción, sino una necesidad”. En ese sentido, el Frente intenta reformular la consideración sobre el inquilino, en la actualidad concebido como una mercancía por parte del mercado inmobiliario. El responsable de ATA Inquilinos remata que “queremos establecer el sujeto de inquilino, que tome conciencia de que forma parte de un sector, porque todavía tiene dos grandes enemigos: el primero es que quiere ser dueño, entonces piensa que alquilar es una situación transitoria y no se preocupa por alquilar en condiciones justas. Y por otro lado, las soluciones a las que apunta el que va a alquilar, cuando tiene algún problema siguen siendo individuales, no se involucra con participación para que no le vuelva a suceder cada dos años”.
El FIN se presenta como una herramienta de organización para poder formular propuestas y para constituirse en referente de un sector que tenga la fuerza que le permita sentarse a negociar con el Gobierno Nacional, para discutir qué medidas se pueden tomar para cambiar la situación de los seis millones de inquilinos que hay en Argentina.
En la actualidad, los contratos de alquiler están regidos por la Ley Nacional de Alquileres Nº 23.091, que data de 1985. “Hay que cambiarla, no tiene nada que ver con lo que sucede hoy con la propiedad privada”, sostiene Muñoz, y explica que “pasaron los ’90 después de esa ley, años en los que hubo una enorme concentración del suelo a partir del bajo costo de la tierra. Y después de eso, los doce años del actual gobierno nacional, en los que subió mucho el valor de la tierra, porque se hizo rentable tanto para el campo como para las ciudades. Además, la concentración se incrementó. Las consecuencias las pagan hoy quienes no son dueños del suelo”.
Entre las propuestas del Frente, además de la reformulación de la ley nacional de alquileres para garantizar el derecho a la vivienda digna (consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional), figura la extensión del contrato de alquiler de dos a cuatro años, eliminación de garantías personales como condición excluyente, presión tributaria sobre la vivienda ociosa y la creación de un Registro Nacional de Viviendas en Alquiler. “Queremos alquilar en condiciones justas, que el alquiler no se lleve el 50% del sueldo y que no tengamos que estar mudándonos cada dos años porque necesitamos familias que pertenezcan a los barrios, queremos que nuestros hijos puedan ir a la misma escuela”, exige Muñoz.
Para ello, insta a los representantes a incluir este debate en la agenda pública y que ello favorezca la implementación de políticas efectivas que alivien la situación de quienes no tienen más opción que alquilar. A juicio del entrevistado, la regulación del suelo permitiría superar las distintas realidades locales. En ese sentido reclama que el Estado nacional intervenga en el mercado inmobiliario, como ha intervenido con programas de control de precios en la industria de los alimentos. “Necesitamos discutir con el Gobierno Nacional, lograr un debate también con las provincias, para avanzar en una solución –propone–. Sabemos que el Gobierno Nacional, cuando entiende que hay una problemática que afecta a la clase trabajadora, a los sectores populares, se llena de voluntad y lo logra; necesitamos entonces, y esta es nuestra tarea, hacerle entender que hay una necesidad, y que es una necesidad de los trabajadores” enfatiza a modo de conclusión.
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