“La única manera de hacer cumplir la ley es denunciando a las inmobiliarias”

Tras el fallo del juez Marcelo Sagón, que obligó a las inmobiliarias a cobrar como máximo un mes de comisión, la organización Inquilinos Agrupados convocó a todos aquellos que pagaron comisiones ilegales a denunciarlo.

La organización Inquilinos Agrupados instó a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires a denunciar a las inmobiliarias que cobran comisiones superiores a lo que establece el artículo 57 de la Ley 2.340. “Es necesario que cuentes con una prueba. Puede ser un comprobante de pago, un mail o un recibo escrito a mano”, afirma el comunicado de prensa firmado por Gervasio Muñoz.

Las denuncias se reciben en el local de Inquilinos Agrupados y en las oficinas de ACIJ (se trata de las dos asociaciones civiles que presentaron la acción de amparo contra el cobro ilegal de comisiones). Recientemente se sumó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que ayer se presentó como “tercero interesado” en la causa y lanzó una campaña para denunciar los abusos inmobiliarios.

Si bien el cobro de comisiones superiores a un mes de alquiler está prohibido desde 2007, durante años las inmobiliarias incumplieron la normativa y cobraron entre dos y tres meses. A partir de la presión que ejercieron públicamente los inquilinos (incluso llegaron a realizar un festival en la puerta de la Legislatura porteña), el Colegio que agrupa a las inmobiliarias (CUCICBA) emitió la resolución 350, en la cual, realizando una interpretación del nuevo Código Civil y Comercial establecieron la libertad para fijar el precio de sus servicios.

A partir de esa resolución, Inquilinos Agrupados y ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) presentaron una acción de amparo, afirmando que esa interpretación del Código Civil es errónea y además, inconstitucional, ya que en ningún caso una resolución de un colegio profesional puede pasar por encima de una ley votada por la Legislatura proteña.

El viernes de la semana pasada, el juez Marcelo Sagón hizo lugar a la acción de amparo y suspendió de forma inmediata la resolución 350 de CUCICBA. Desde entonces, está prohibido que las inmobiliarias cobren comisiones superiores al valor de un mes de alquiler, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. La suspensión del cobro de comisiones ilegales representa 1100 millones de pesos en negro que las familias inquilinas dejarán de transferir anualmente al sector inmobiliario.

La decisión del magistrado incluye que CUCICBA deberá controlar que sus matriculados respeten la disposición judicial y en caso de incumplimiento, el colegio deberá afrontar una multa de $20.000 por cada caso acreditado.

Si bien la medida cautelar fue contundente, no todas las inmobiliarias se adecuaron a la disposición. Por eso, Inquilinos Agrupados, ACIJ y la Defensoría del Pueblo están llamando a los inquilinos a denunciar a las inmobiliarias. Lo fundamental es tratar de conseguir pruebas, como comprobantes de pago, mails o grabaciones. Conscientes de esta debilidad, las inmobiliarias suelen amenazar con cobrar el IVA a los inquilinos que exigen facturas, lo cual es una trampa, porque en ningún momento la ley dice que el 4,15% no incluye impuestos, sino que lo fija como valor final. A su vez, a partir del fallo muchas inmobiliarias están pidiendo unos 3 mil pesos o más por gastos administrativos, ya que trasladaron a ese ítem lo que no pueden cobrar por comisión.

En la Defensoría del Pueblo explicaron que la mayoría de las denuncias que les llegan suelen ser resueltas a través de un contacto informal. Aún así, cuentan con un equipo de 45 mediadores y árbitros listos para resolver los problemas, incluso, a principio de año crearon un área específica para atender inquilinos. En esa dependencia atienden casos referidos a la devolución del depósito, arreglos del inmueble, cortes en el suministro de gas, entre otros.

Desde Inquilinos Agrupados también se quejaron por la ausencia del Gobierno porteño. “La Ciudad tiene que decirle a sus ciudadanos qué tienen que hacer y tiene que ponerse a controlar, porque no puede ser que las ONG, la Defensoría o los medios de comunicación terminen siendo los encargados de fiscalizar en un área tan sensible como el acceso a la vivienda”, indicó Gervasio Muñoz. “Hasta ahora no se pronunció ni un funcionario, pese a que el tema afecta al 32% de la población”, añadió.

Desde el sector inmobiliario, quien habló públicamente fue el fundador de la Cámara Argentina Inmobiliaria, Armando Pepe. “Desde el cepo las inmobiliarias vivieron solo de los alquileres. Si esta medida prospera será un cercenamiento de sus ingresos y muchas inmobiliarias van a verse obligadas a cerrar sus puertas por no cobrar los honorarios que venían cobrando”, advirtió. En definitiva, no dijo que lo que hacen es legal, sino que infringen las normas para subsistir.

Este artículo fue publicado en Política y Sociedad el 12/05/2016