Por este motivo, las organizaciones de inquilinos plantearon al gobierno nacional que quienes alquilan su vivienda por un monto menor a 14 mil pesos mensuales, deben tener acceso a la tarifa social.
En un primer encuentro, Fernando Blanco Muiño se comprometió a comenzar el trabajo en la provincia de Neuquén para posteriormente implementarlo en otras regiones. En el día de ayer, los inquilinos solicitaron que se inicie el mismo trabajo en Córdoba capital y que se realice una reunión de trabajo con Vilma Cecilia Bouza, directora general de Defensa y Protección al Consumidor de CABA, para avanzar en la implementación del beneficio de la tarifa social y el control de las expensas.
En un comunicado la organización Inquilinos Agrupados dijo que: "Desde hace tiempo los inquilinos venimos sufriendo fuertes aumentos en el precio del alquiler, que superar largamente cualquier índice de inflación y de aumentos salariales. Esta situación se agravó durante 2016 con incrementos de entre 40 y 60% en las renovaciones y con actualizaciones semestrales del 15%. Esto último, sumado a los gastos exorbitantes para ingresar a una vivienda, los aumentos en el valor de las expensas y la tarifa de los servicios, ubica a los inquilinos en una situación de absoluta vulnerabilidad".
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