La Comisión de Legislación General del Senado dio dictamen al proyecto de Ley de alquileres que ahora quedó habilitado para ser debatido en el recinto, lo cual fue celebrado por las organizaciones que protegen los derechos de los inquilinos que expresaron que esta decisión "es un gran paso para los más de seis millones de personas que rentan una vivienda en el país".
El proyecto propone modificar el Código Civil y Comercial para mejorar las condiciones de los contratos de alquiler y entre las principales propuestas figuran ampliar de dos a tres años el plazo mínimo de locación.
Entre otras cuestiones establece que el régimen de actualización de precios se adecúe a un promedio entre el índice de precios y el de salarios; que los inquilinos no paguen las expensas extraordinarias y que la devolución del depósito, con un monto actualizado al finalizar el contrato (que tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler), sea proporcional a lo estipulado.
Silvina García Larraburu (FPV), autora de la iniciativa, destacó que la reforma del Código, trabajada en esta Ley de Alquileres, "nos involucra a todos de manera trasversal".
"La mayoría de la población pasa por la necesidad de tener que alquilar su vivienda, por eso ya sabemos a qué nos sometemos cuando nos embarcamos en la aceptación de un contrato de alquiler. Siempre los inquilinos están en desventaja y no tienen un real poder de decisión", aseguró la legisladora.
La iniciativa fue trabajada con la organización Inquilinos Agrupados y cuenta con el apoyo de senadores, legisladores y concejales de todo el país, integrantes de pymes, cooperativas y organizaciones no gubernamentales.
"Enfrentamos una situación muy delicada, los aumentos desmedidos en el precio de los alquileres superan cualquier índice de inflación; contratos por sólo dos años que nos obligan a estar en permanente mudanza, y dejando nuestros ahorros en cada firma de un nuevo contrato, son solo algunos de los obstáculos que nos imponen para acceder a una vivienda", expresaron inquilinos de diversas provincias.
García Larraburu destacó que "más de 6,6 millones de personas se enfrentan a graves ajustes locativos o imposibilidad en el acceso al alquiler; los aumentos, las expensas, el mes de depósito, la comisión inmobiliaria, los gastos de certificación y garantía, hacen casi imposible el acceso a la vivienda".
La agrupación Inquilinos Agrupados celebró la decisión de la Comisión "porque sirve como un piso de discusión para seguir proponiendo políticas públicas que apunten a generar condiciones más justas para alquilar una vivienda digna para vivir".
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