Alquilar un inmueble no es fácil. Frente a las cláusulas abusivas de los propietarios y las subas en las tarifas, los inquilinos buscan estrategias para defender sus derechos. El rol de la Defensoría del Inquilino como un organismo de denuncia y el negocio inmobiliario de CUCICBA.
Por Mariano Cervini y Lucas Millos
Eugenia tiene 26 años. Está terminando la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires y, a principios de año, decidió irse a vivir con Nicolás, su novio. Ambos trabajan en relación de dependencia y ahorraron durante dos años para empezar una nueva vida juntos. A pesar de cobrar sus sueldos en blanco, las inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires se negaban a alquilarles porque no tenían garantía de un familiar. Cuando Nicolás consiguió que una hermana les saliera de garante, los problemas fueron otros.
Les pedían dos meses de comisión, más un depósito. Con la excusa de que era un edificio nuevo, el dueño había arreglado con la inmobiliaria de manera unilateral que el inquilino pagara la conexión de los servicios de Metrogas, Edesur y que a su vez se hiciera cargo de habilitar la caldera. Eugenia y Nicolás se asesoraron con un abogado.
Le informaron por escrito a la inmobiliaria que por ley estaba prohibido pedir dos meses de comisión y que los gastos de instalación de los servicios debían correr por cuenta del propietario. Desde la inmobiliaria les contestaron que ellos trabajaban así, que si no les gustaban las condiciones para alquilar el monoambiente, no firmen el contrato.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, realizado en el primer trimestre de este año, en la Ciudad de Buenos Aires unas 900 mil personas son inquilinas. Uno de cada tres hogares es alquilado. El último Diagnóstico Socio-Habitacional de CABA arrojó como dato que desde el año 2003 el porcentaje de hogares alquilados aumentó un 8,2 por ciento.
“Si te ponen cláusulas abusivas, no te dan una factura, te cobran lo que les da la gana o te hacen pagar lo que no corresponde; no se hacen cargo de sus responsabilidades como propietarios o intermediarios, y hay que denunciarlos y que se hagan cargo”, dice Eugenia. Con Nicolás decidieron denunciar a la inmobiliaria y no firmar contrato.
Se ampararon en la ley 2.340 que exige a las inmobiliarias no cobrar más de un 4.15 por ciento del contrato de comisión, lo que equivale a un mes. El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA), único ente público encargado de controlar a las inmobiliarias, hace la vista gorda.
Fernando Muñoz fue diputado del Frente para la Victoria hasta 2014. Desde hace un año está al frente de la Defensoría del Inquilino, un organismo inédito en la defensa de los derechos de los inquilinos en el país. Dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, funciona desde el año pasado y cuestiona el accionar del Colegio Inmobiliario.
“CUCICBA controla el sector como una mafia organizada. Cobran una matrícula de 35.000 pesos a las inmobiliarias para empezar a trabajar, recaudan y sancionan lo que ellos quieren”, sostiene y agrega que “con más de 1600 contratos que se firman mensualmente, es un negocio que mueve 900 mil millones al año; sin contar los contratos ilegales de hoteles y casas de familia”, sentenció Muñoz.
Desde el organismo se logró que la Justicia ordene a las inmobiliarias no cobrar más de un mes de comisión a los inquilinos y que multe a CUCICBA con $150.000 por no controlar a las inmobiliarias que no cumplían con el artículo 57 de la ley 2.340.
“El monto es ridículo comparado con lo que ganan, pero sentó un precedente de jurisprudencia; igualmente hay más de 1600 inmobiliarias que no cumplen con la ley”, disparó el responsable de la Defensoría del Inquilino.
En los últimos años, y gracias a las redes sociales, los inquilinos comenzaron a organizarse y a tomar conciencia de que pueden alquilar en condiciones justas. Es el caso de Inquilinos Agrupados, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la promoción de los derechos de los inquilinos. Convocan por su página de Facebook, Twitter y tienen un blog.
Con el lema: “basta de abusos inmobiliarios”, el pasado 7 de octubre realizaron el segundo Festival de Inquilinos frente a la Legislatura porteña. “Un día antes del Festival presentamos en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que la comisión inmobiliaria por alquiler de vivienda y de locales comerciales la pague el dueño y no el inquilino”, declara Gervasio Muñoz, hijo de Fernando y uno de los encargados de llevar adelante la asociación.
Un último relevamiento de Inquilinos Agrupados, hecho en abril de este año, reveló que alquilar un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires sale, en promedio, aproximadamente unos 4000 pesos. Este monto oscila entre 6000 y 7000 si se trata de un dos ambientes. “A eso hay que sumarle el mes de comisión y uno o dos de depósito, por eso se hace tan cuesta arriba el primer alquiler”, dice Gervasio.
María Rosa Muiños es Legisladora porteña del Bloque Peronista. Desde hace dos años trabaja en conjunto con la Defensoría y con Inquilinos Agrupados. También manifiesta su preocupación por el círculo vicioso en el que se encuentra la ley: “El exceso en el cobro de comisiones se da tanto al momento de firmar el contrato como en las sucesivas renovaciones; esta situación de abuso se da porque según la Ley 2.340, los que deberían sancionar son los mismos que deciden cobrar las sumas excesivas”, dice sobre CUCICBA.
CUCICBA explica en su página web el procedimiento de denuncia a un corredor inmobiliario en caso de abuso. En primera instancia es el inquilino quien debe verificar que el corredor esté matriculado. De acuerdo con un relevamiento interno del año 2014, tres de cada 10 inmobiliarias de capital no se encuentran en condiciones de operar. “Frente a ésta condición de ilegalidad se hace mucho más complejo el reclamo”, dijo Héctor D´Onofrio, presidente del Colegio, quién no quiso hacer mayores declaraciones al respecto.
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