Estado desprotector

Nota publicada en: "Veintitres" (24 Junio 2015)
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por Tomás Eliaschev

El Señor Barriga nunca logró que Don Ramón le pagara el alquiler. Los personajes de Chespirito, la ficción que eternizó al Chavo del Ocho, reflejan magistralmente la realidad de los que no tienen una vivienda propia. Por eso, la naciente organización Inquilinos Agrupados tomó el rostro del personaje que interpretaba el actor mexicano Ramón Valdés para usarlo como ícono en sus banderas. Buscan lograr que quienes alquilan puedan evitar los abusos que sufren por parte de las inmobiliarias.

La falta de vivienda propia es endémica para millones de argentinos. En la ciudad de Buenos Aires, así como en todas las grandes urbes del país, muchos quedan indefensos a la hora de pagar el alquiler. Uno de cada tres porteños alquila y, a la hora de renovar el contrato o de conseguir una vivienda nueva, las condiciones son leoninas y los requisitos, incumplibles. Luego de muchos años de agachar la cabeza y de que cada cual se las arregle como pueda, los inquilinos, con el apoyo de algunos legisladores, comenzaron a organizarse. Persiguen la creación de una defensoría para los inquilinos y que el primer lunes de octubre sea denominado oficialmente como “Día del Inquilino”, para que ese día se realicen actividades de difusión de la problemática que sufren los que no tienen vivienda propia. Y están exigiendo explicaciones al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA), la entidad que agrupa a las inmobiliarias de la ciudad, encargada de hacer cumplir la ley 2.340, que establece un monto máximo de comisión inmobiliaria.

Pese a los pedidos de informes, desde el colegio de corredores inmobiliarios no respondieron por qué, si bien la ley establece que las inmobiliarias no pueden cobrar una comisión mayor al 4,15% del valor total del contrato, todas cobran dos meses de alquiler para ingresar a una vivienda, que cubre aproximadamente un diez por ciento del valor total de contrato. Desde la entidad tampoco respondieron los insistentes llamados de esta revista. 

El diputado porteño Fernando Muñoz, del Frente para la Victoria, realizó dos pedidos de informes al CUCICBA, basándose en la ley 104, de acceso a la información pública. “Nos dieron respuestas imprecisas”, se quejó el legislador en diálogo con Veintitrés.

La presentación requería información más precisa sobre las medidas de supervisión y control que se emplean para asegurar el cumplimiento del monto máximo de comisión y si se registraron denuncias por cobro de comisiones por encima de este máximo. “La ley 2.340 establece que las inmobiliarias no pueden cobrar una comisión mayor al 4,15% del valor total del contrato, cualquier inquilino sabe que en esta ciudad no existe una sola inmobiliaria que cobre menos de dos meses de alquiler en concepto de comisión”, denunció Muñoz, que detalló la situación: “Los inquilinos sufren severos abusos. Todos los que alquilan una vivienda lo saben. Son muy comunes los incrementos especulativos. Hay inmobiliarias que obligan a pintar el departamento, lo que implica un mes más de gasto. En la ciudad de Buenos Aires somos casi un millón de inquilinos, todos alquilamos de forma injusta e ilegal”.

Muñoz informó que, según una encuesta que realizaron, el 60 por ciento de los inquilinos alquila por inmobiliaria. En cuanto al impacto sobre los ingresos, más del 45% gasta entre 40 y 50% de sus ingresos para pagar el alquiler. “Todos los que alquilan por inmobiliaria tienen que pagar comisiones y conseguir garantía en Capital”, señaló Muñoz. “Lo que la ley vigente plantea es que se pague un 4,15%, lo que implica más o menos un mes de alquiler. Pero ninguna inmobiliaria se ajusta a la ley. Queremos crear una oficina pública, una defensoría para los inquilinos, y que sea obligatorio que se exhiba el límite en el monto de la comisión. Y exigimos el cumplimiento de la ley, que el Gobierno de la Ciudad haga cumplir la ley. Hay una desregulación absoluta, se niegan a intervenir en la relación entre los inquilinos y las inmobiliarias, lo consideran un asunto privado. La ciudad se está ‘inquilinizando’: del 20 por ciento que había en 2001-2002 ahora hay un tercio de los hogares, 33 por ciento de las viviendas, de acuerdo con la Encuesta de Hogares del Indec de 2014”, aseveró el legislador, que planteó que “el Estado no interviene, el organismo regulador es la propia cámara. Si uno quiere hacer una denuncia contra una inmobiliaria que no cumple la ley, sale 350 pesos pagar el formulario. Te cobran para denunciar un incumplimiento”.

El legislador criticó al gobierno porteño: “Se construyen viviendas más como reserva de valor, para ahorrar, y no para que sean hogares de familias. Por lo tanto, la oferta es cada vez más restringida. El mercado está absolutamente desregulado, el Estado no interviene. Por eso, las exigencias a los inquilinos son cada vez más”.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, explicó que quieren que el primer lunes de octubre sea el “Día del Inquilino” ya que ese es el Día del Hábitat, según lo determinó la ONU. El referente se quejó de que “el Pro ya dijo que no va a acompañar el proyecto”. Y protestó porque “ningún proyecto que amplia los derechos de los inquilinos pasó a comisión en la Legislatura”. También criticó a Proyecto Sur y al Partido Socialista: “Tienen las comisiones de Vivienda y de Asuntos Constitucionales, respectivamente, pero frenaron todos los proyectos que nos benefician”. Pero los dardos más venenosos siguen siendo para el Pro: “No atienden nuestros reclamos por una cuestión ideológica, gobiernan para las inmobiliarias y las constructoras. Lo único que hicieron fue marketing: el plan ‘Alquilar se Puede’ es una farsa. Financian a través del endeudamiento bancario las comisiones ilegales de las inmobiliarias. Encima hay que firmar una cláusula de que si no pagás dos meses te desalojan”. 

El militante de Inquilinos Agrupados informó que en todas las ciudades del país hay problemas similares: “En Neuquén, donde los alquileres subieron exponencialmente por el tema de Vaca Muerta, los compañeros se están presentando a elecciones. Incluso, conformamos un frente nacional de inquilinos. En la Argentina hay una deuda pendiente, la distribución de las tierras”. 

El legislador por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Marcelo Ramal, planteó en diálogo con esta revista que “el problema se integra a una cuestión más general, que es la crisis de vivienda”. Según explicó, “hubo una valorización del suelo y de la propiedad horizontal a partir del intenso proceso de especulación inmobiliaria, no sólo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las grandes ciudades. Pero la evolución del salario y de las jubilaciones no acompañó este proceso. Un indicador es la cantidad de salarios que se necesitan para comprar una vivienda promedio. Para un departamento de dos ambientes se precisan 100 sueldos”.

Ramal contextualizó esta problemática en una situación más general: “No hay oferta de viviendas sociales. Esto debería incrementarse sustancialmente. El problema de los alquileres no sólo lo sufre la clase media: el 40 por ciento de los habitantes de las villas son inquilinos. El Banco Ciudad debería otorgar créditos para construir viviendas. Hay un problema del suelo, se apropian los espacios verdes públicos. El macrismo está privatizando la ciudad. En vez de ofrecer una garantía restringida, como la que ofrece el gobierno porteño, que deja afuera a los precarizados, el Estado debería respaldar a los que más dificultades tienen. Hacen todo lo contrario, como se puede ver con el incumplimiento de las leyes de urbanización de las villas, ya que están pensando las tierras del sur de la ciudad como futuro reservorio para la especulación inmobiliaria.”